Alerta en la selva

Diario La Primera - 11/11/2010

Carlos Bedoya

Redacción

(1) El Proyecto de Ley N° 4335/2010 –
PE facilitará la destrucción de la selva peruana.
(2) Proyecto Inanbari deforestaría miles de hectáreas
de bosque en la Amazonía.

Proyecto de ley N° 4335/2010-PE, impulsado por el gobierno, pretende eliminar la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como requisito para las concesiones definitivas en Centrales Hidroeléctricas. Todo indica que esta ley tiene nombre propio y busca beneficiar al consorcio brasileño EGASUR que construiría la Central Hidroeléctrica de Inambari para exportar energía a Brasil y que aún no ha conseguido la licencia social necesaria. De aprobarse esta ley, se estaría adecuando la normativa nacional al acuerdo energético firmado con Brasil evitando así su paso por el Congreso.

El acuerdo energético firmado entre Perú y Brasil en junio pasado y que aún precisa de la ratificación en ambos países, es el marco legal que regulará la exportación de energía de nuestro país al gigante sudamericano.

Son 7200 MW de energía que venderemos a Brasil de perfeccionarse este pacto internacional, siendo que en la actualidad nuestra más grande Central Hidroeléctrica, la del Mantaro, produce apenas 1000 MW, por lo que tendremos que destruir nuestra Amazonía, inundando cientos de miles de hectáreas de bosques para represar el agua necesaria a fin de producir electricidad suficiente para garantizar la seguridad energética del gigante sudamericano.

LA PRIMERA ya ha dado cuenta en varios informes sobre la inconveniencia de este negocio energético que solo beneficia al Brasil, pues el canon que se generará no se aproxima siquiera a todo lo que perderíamos en biodiversidad al llenar de aproximadamente quince represas nuestra selva, sin contar los costos sociales de desplazar comunidades indígenas y campesinas, pueblos con postas, colegios y comercios en muchas de las zonas comprendidas en estos megaproyectos. 

Varias organizaciones, expertos y congresistas han alertado que el gobierno quiere evitar que este acuerdo pase por el Congreso Peruano, no obstante que sí pasará por el Legislativo brasileño y que el artículo 56 de la Constitución peruana señala que todo tratado internacional que modifique o derogue alguna ley debe ser aprobado por el Parlamento.

Al Congreso

Precisamente el denominado “Acuerdo Energético entre la República federativa del Brasil y el Gobierno de la República del Perú para el Suministro de Electricidad al Perú y exportación de excedentes al Brasil”, cuyo nombre ha engañado a varios periodistas que no han leído los artículos 2 y 3 para darse cuenta que ni un solo megavatio de electricidad pasará de Brasil al Perú, modificará la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley 25844).

Lo más triste es que con el proyecto de ley N° 4335/2010 – PE, impulsado por el propio Alan García, además de flexibilizar aún más la legislación ambiental y otros requisitos para hacerle el trabajo más fácil a los futuros concesionarios de las centrales hidroeléctricas para exportar energía al Brasil, se estaría modificando y derogando ya varios artículos del Decreto Ley 25844. O sea, como para que no se pueda decir que hay algo que adecuar en nuestra legislación interna y con ello efectivamente el acuerdo con Brasil no pase por el debate congresal. Es tan grosero este proyecto de ley que cualquiera puede oler un faenón.

Resistencia social

Las comunidades puneñas de la provincia de Carabaya se han opuesto al proyecto de la Central Hidroeléctrica de Inambari, realizando hasta dos paros regionales para evitar que el consorcio brasileño que obtuvo la concesión temporal de este proyecto: EGASUR, realice los talleres informativos en la población y con ello cumpla con el requisito necesario en la parte social de su Estudio de Impacto Ambiental, y obtener así la concesión definitiva.

Es que los pobladores de Carabaya, en su mayoría productores de frutas y comerciantes prósperos, reclaman la construcción de dos de las tres hidroeléctricas de San Gabán, que garantizarían la seguridad energética de esa zona sin necesidad de desplazarlos e inundar los territorios que han ocupado por siglos y por donde pasa la tan añorada carretera Interoceánica que ahora pretenden también inundar, en lo que a todas luces es un proyecto sin ningún tipo de planificación.

Y si ya nuestra legislación era bastante flexible al no incluir de manera expresa la observancia del derecho a la consulta, reduciendo la licencia social a unas cuantas audiencias públicas, ahora se pretende simplemente acomodarla del todo a los intereses del inversionista extranjero.

Las perlas del proyecto

El Proyecto de Ley N° 4335/2010 PE, presentado a fines de septiembre por el presidente Alan García y su Primer Ministro José Antonio Chang, al Congreso Nacional para su aprobación, “modifica el marco jurídico eléctrico y autoriza a elaborar el texto único ordenado de las normas que regulan las actividades eléctricas”, y además de significar un retroceso a la endeble institucionalidad ambiental actual, flexibilizándola aún más, otorga una serie de beneficios casi a la medida de EGASUR y los consorcios que vengan en el marco del absurdo acuerdo energético Perú – Brasil.

Pues al derogarse – como pretende el proyecto - la parte final del artículo 6 y 22; todo el artículo 23, los incisos h, j, k del artículo 25; el segundo párrafo del artículo 26; los incisos b, f, h, i del artículo 38; todo el artículo 53, 58, 85 y todo el título XI de la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley 25844), se eliminan las concesiones temporales para dar paso de frente a las definitivas; se anula la aprobación mediante resolución directoral de los Estudios de Impacto Ambiental como requisito para la concesión definitiva; se anulan también los requisitos de sustento verificable del compromiso de inversionistas para el aporte de capital con fines de la ejecución de las obras; el informe favorable emitido por una entidad Clasificadora de Riesgo calificada respecto de la solvencia financiera del solicitante; y se exonera de la declaración jurada de cumplimiento de las normas técnicas y de conservación del medio ambiente y el Patrimonio Cultural de la Nación al solicitantes; y en general todo en cuanto a regulaciones y límites en tarifas que pueda afectar la venta de energía del Perú al Brasil.

Es clave la lectura de estas normas a la luz del proyecto de ley 4335/2010 - PE y el acuerdo energético Perú – Brasil para darse cuenta del tamaño del negocio energético en el que el gobierno aprista nos está metiendo.

A la defensiva

Por su parte, el Ministerio de energía y Minas, en respuesta al reclamo de varias organizaciones y expertos, publicó hace algunos días en su página web un pronunciamiento aclarando que el Proyecto de Ley 4335/2010 – PE, no elimina las certificaciones ambientales para las concesiones definitivas o autorización en el sector eléctrico, sino que en lugar de exigir el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como requisito para obtener la concesión, lo hará antes del inicio de la construcción de las obras. Es decir, ratifica que lo que se busca es flexibilizar la regulación actual, facilitando la concesión definitiva, lo que en la práctica significa que antes de que acabe el presente periodo gubernamental se quiere dar la luz verde a la buena pro de Inambari a Egasur y con ello el reclamo de las poblaciones, organizaciones y especialistas en la materia quedaría de lado.

DETALLE

Diferentes organizaciones civiles han expresado que de aprobarse este proyecto de ley se estaría retrocediendo en la institucionalidad ambiental, rechazando rotundamente que se dé cualquier concesión eléctrica definitiva sin la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental y sin el ejercicio al derecho a la consulta previa e informada.